Lucy Lastras denuncia violación a su derecho universitario

Por Joel de Alba Márquez | Revista Síntesis Dominical

Lucy Lastras, académica y aspirante a la dirección de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), denunció presuntas violaciones a su derecho legítimo de participación, así como irregularidades en el proceso universitario, que calificó como “improcedentes, arbitrarias y motivadas por presiones externas”.

En entrevista exclusiva explicó que la suspensión de la sesión del Consejo Directivo Universitario fue “ilegal” y se vio influida por actores provenientes de la Facultad de Derecho de la Zona Huasteca, ubicada en Ciudad Valles.

Argumentos y objeciones

Uno de los argumentos utilizados para impugnar su participación fue que su licencia sin goce de sueldo carecía de validez, exigiéndole presuntamente la renuncia total a su cargo público. Señaló que tal razonamiento es “jurídicamente insostenible, absurdo y una vergüenza para quien lo haya planteado”.

Aseguró que la licencia es una figura prevista en el derecho administrativo que no afecta el ejercicio de derechos académicos ni políticos, y consideró que dichas objeciones reflejan desconocimiento o mala fe.

Además, denunció que dicho razonamiento fue impulsado por un abogado con antecedentes de malas prácticas en Ciudad Valles, quien habría buscado incidir de manera irregular para bloquear su candidatura.

Violencia simbólica y hostilidad

Precisó que durante la sesión se difundieron carteles e imágenes alteradas en su contra, lo que consideró violencia simbólica y vulneración a sus derechos fundamentales. Aseguró que estas acciones fueron toleradas por autoridades universitarias sin intervención alguna.

Lastras también denunció que sus quejas fueron ignoradas por una funcionaria universitaria presuntamente vinculada al grupo opositor. Según su testimonio, se le dijo que dichos actos no eran motivo suficiente de queja, sino simples expresiones estudiantiles, lo que a su juicio evidencia parcialidad y protección hacia ciertos sectores.

Agregó que tal permisividad ha generado un ambiente de hostilidad, división y desconfianza, afectando la armonía universitaria.

Señalamientos al rector y requisitos incumplidos

Señaló directamente al rector Alejandro Zermeño, a quien responsabilizó por la suspensión de la sesión en la que debía votarse la propuesta oficial del Consejo Técnico. Afirmó que se permitió la intervención de personas ajenas y no acreditadas, con la finalidad de detener la votación, lo que —dijo— violenta la autonomía universitaria y los estatutos.

También denunció que algunas aspirantes a la dirección no cumplen con los requisitos estatutarios, como definitividad, antigüedad o documentación adecuada. Mencionó casos de aspirantes con solo un año de antigüedad o que ni siquiera son egresadas de la Facultad de Derecho, lo cual, aseguró, “es inadmisible si se busca garantizar la legalidad y los méritos académicos”.

Crítica a grupos de presión

Sostuvo que desde Ciudad Valles y otros sectores se promueve un discurso ajeno al derecho, basado en consignas, presiones y acciones de fuerza:

“Quieren imponer su voluntad no con méritos, sino con presión y control”.

Criticó lo que llamó “una agenda de control político ajena a los valores institucionales”, presuntamente encabezada por la abogada general de la UASLP, Urenda Queletzú Navarro.

Decisión firme

Finalmente, reiteró su decisión de continuar adelante por las vías jurídicas y académicas:

“Yo no me bajo del proceso. Voy a seguir con todos los recursos legales disponibles para exigir que se respete la legalidad, los estatutos y nuestro derecho a contender”.

Sostuvo que su lucha no es solo por un cargo, sino “por la dignidad del derecho, por la universidad y por el respeto a los principios universitarios”. Concluyó asegurando que su compromiso se mantiene firme y que buscará que el proceso se retome y se conduzca conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y autonomía que, dijo, deben prevalecer dentro de la UASLP.